La telefonía móvil busca rutas para archivar ‘compensación’
17
Diciembre
2013

 

 

 

Diario EXPRESO

16-12-2013

CELULARES

Las empresas de telefonía móvil iniciaron un cabildeo para frenar las nuevas tasas para la importación de equipos. Los empresarios mantienen conversaciones con la Vicepresidencia y el Ministerio de Telecomunicaciones. Aseguran que hay buena voluntad de las autoridades.

Los diálogos con representantes del Gobierno tuvieron como base, según la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), algunas falencias de la decisión del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). Una de ellas es que un teléfono celular no necesariamente es un reproductor de contenidos.

La normativa del Instituto pide que los reproductores o soportes de fonogramas o videogramas paguen una Remuneración Compensatoria por copia privada. En el caso de los celulares, la tasa es del 4%.

Los empresarios dicen que una, de las muchas funciones de un teléfono, es reproducir contenidos. Sin embargo, su función central es comunicar.

Otro argumento es que no todos los teléfonos cuentan con la capacidad de reproducción de música y vídeo. Entonces, la medida -que según el IEPI aplica a todos los equipos- está limitada a un grupo específico. En el país existen 17,4 millones de abonados. De ellos, solo 3,8 millones tienen smartphone.

Esos argumentos ya fueron discutidos en mayo de 2012 entre las autoridades y los empresarios. El tema quedó suspendido hasta este mes, cuando el IEPI anunció la medida.

En la cita del año pasado, y las conversaciones actuales, también se informó que una normativa de estas características, y que está en fase de reglamentación, afectará directamente al usuario.

Roberto Aspiazu, presidente de la Asociación, explicó a este Diario que el principal inconveniente es que dentro del Gobierno aún se considera al teléfono móvil como un bien de consumo. Para él, estos dispositivos son bienes de capital, es decir, una herramienta de trabajo “indispensable”.

Una muestra del pensamiento gubernamental, señaló, es el tamaño de la carga tributaria. Si se aprueba la regulación del IEPI, los importadores pagarían por cuatro rubros: 15 % de arancel, 5 % del Impuesto a la Salida de Divisas y 12 % por el Impuesto al Valor Agregado. Una cantidad elevada si se compara con los países vecinos. En Colombia y Perú los teléfonos tienen arancel 0.

Está, además, la restricción a las importaciones. El Gobierno fijó un cupo de 160 millones de dólares para la compra de equipos en este año. A ese valor se añadió 10 millones de dólares en septiembre. Esa cantidad, según las empresas, es insuficiente para cubrir la demanda del mercado.

Las operadoras defienden su postura con cifras. En 2008, se importaron 321 millones de dólares con un mercado que no llegaba a los 12 millones de abonados. Ahora la cuota es de 170 millones de dólares con un mercado de 17 millones.

Para Aspiazu, el resto de la demanda estaría cubierta en el mercado ilícito. Él reconoce que detectar el contrabando de celulares es complejo pero considera que la vía de aranceles no es la solución correcta. JMF

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