Empresarios piden ‘señales de confianza’ al Gobierno
02
julio
2015

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Fuente: LA HORA

Tras una sesión que se ralizó ayer y duró tres horas, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) demandó al Gobierno que se mantenga la dolarización en el país y que se tomen medidas para garantizar el compromiso del Régimen en ese sentido.

Una de las medidas propuestas por el sector es una reforma a la resolución 064-2015 M de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, que dispone la obligatoriedad para los bancos privados de incluirse como macroagentes del sistema de dinero electrónico.

Mateo Villalba, titular del Banco Central del Ecuador (BCE), dijo anteriormente que dicha resolución se dio para lograr que más población acceda al sistema de dinero electrónico.

Richard Martínez, titular de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), en representación de los empresarios, dijo que es necesario que el funcionamiento del dinero electrónico sea voluntario para la banca privada, además de que se ratifique el respaldo de cada dólar electrónico por dólares físicos.

Diálogo y leyes

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, dijo que el sector insiste en que no se retome el tratamiento de los proyectos de leyes de herencia y plusvalía, a fin de que se genere una “fuerte señal de confianza”, con la que se pueda generar un debate sobre la eficiencia productiva, buscando resolver los problemas de justicia y equidad social del país.

De su parte, Henry Kronfle, presidente del CEE, dijo que el sector se compromete a la promoción permanente de un ambiente propicio para la inversión nacional y extranjera, así como la generación de trabajo. Kronfle aseguró que el sector nunca ha roto el diálogo con el Gobierno y sostuvo que este debe continuar en base a las propuestas entregadas al Ejecutivo el 2 de marzo pasado. (ABT)

Libertades

Los empresarios manifestaron además su preocupación en relación a la libertad de expresión e información ante disposiciones de la Ley de Comunicación, recordando que las mismas han permitido sanciones administrativas a varios medios de comunicación privados, lo que a su criterio contraviene garantías y derechos constitucionales y de convenios internacionales, pidiendo además que se “baje el tono” y se eviten las sanciones.

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