Roberto Aspiazu: Concurso tramposo
25
Julio
2016

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Está en marcha el concurso para concesionar o renovar 1.472 frecuencias de radio y televisión, de ámbito privado y comunitario, que, según las autoridades encargadas, deberá concluir en diciembre, esto es, en plena campaña electoral. La sola coincidencia es motivo de suspicacia.

Llama la atención que después de tres años de vigencia de la Ley de Comunicación, se haya optado por un concurso masivo cuando lo obvio hubiera sido hacerlo de forma progresiva, sobre todo porque hay frecuencias vencidas hace años.

Los solicitantes, en especial aquellos que optan por una renovación, saben que su suerte es incierta, puesto que el sistema de puntualización establecido es subjetivo y discrecional.

En una primera fase la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, evalúa los componentes técnico, jurídico y de gestión, derivando a los cinco mejor puntuados, que podrían aplicar a una misma frecuencia, al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, cuya principal evaluación será del “proyecto comunicacional”, que podría traducirse como línea editorial.

El esquema concebido para “democratizar las frecuencias” es increíblemente burocrático y, en consecuencia, atentatorio contra la transparencia que debería caracterizar un procedimiento vital para la libertad de expresión.

Para ejemplificar, el plan de gestión aprobado por la Arcotel debe contemplar: tres objetivos específicos de corto, mediano y largo plazo; seis metas divididas así: dos de corto, dos de mediano y dos de largo plazo; siguiendo con otras tres estrategias, dos fortalezas, dos oportunidades, dos debilidades y dos amenazas. Parece de Ripley.

La intención supuestamente es garantizar la sostenibilidad del medio; ¿pero será acaso que un burócrata conoce más que los solicitantes de cómo mantener su negocio, que en su gran mayoría son pequeñas empresas familiares?

El procedimiento a seguir en el Cordicom es igualmente ampuloso. El listado relacionado a derechos de comunicación, participación ciudadana, diálogo con la audiencia así como “libre caracterización e impacto social”, puntúa cada rubro sumando hasta un máximo de 100. Un rimero de papeles que responde a un modelo político que sobrevalora la palabrería. Los concursantes han debido presentar su documentación no en carpetas sino en cajones.

El galimatías tiene como piedra angular la declaratoria de la comunicación como servicio público, merced a lo cual el Estado, dígase el Gobierno, ejerce una potestad tutelar ante los medios, que finalmente se refleja en bases tan engorrosas. Completa el embrollo la exigencia legal de repartir frecuencias en partes iguales a los sectores público, comunitario y privado, cuando este último representa el 75% del total, significando que tendrá que reducir su participación.

El problema es que concesionarios privados que han manejado de manera correcta su medio radial o televisivo, tendrán que eventualmente concursar por sus frecuencias, matriz y repetidoras, contra otros solicitantes privados o comunitarios, que podrían aprovechar, sin mérito alguno, una marca del dial que ha sido acreditada por un trabajo esforzado de 15 años e incluso décadas. En la etapa de calificación de la Arcotel se les otorga 20 puntos adicionales por la experiencia, pero en la de Cordicom, que es la vinculante y decisiva, ninguno, a pesar de que la Ley de Comunicación lo dispone. Además, la reglamentación del Consejo otorga 15 puntos adicionales a los comunitarios.

Ahí está la trampa que le permitirá al Gobierno utilizar el concurso a su antojo.

Fuente: El Universo 25 de julio del 2016

http://www.eluniverso.com/opinion/2016/07/25/nota/5708901/concurso-tramposo

 

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