Comunicado acerca de los cobros efectuados por la provincia de Esmeraldas
04
enero
2019

A la Opinión Pública

Queremos alertar a la ciudadanía de Esmeraldas que los cobros por vía coactiva efectuados a una serie de empresas por los municipios de la provincia, por concepto de patente comercial y 1,5 por mil, sobre activos, no cesan a pesar de la denuncia pública sobre su carácter ilegal y abusivo.

Continúa la emisión de títulos de valor por montos desproporcionados, según cada caso, que, en suma, llegan a equipar a superar el presupuesto anual de algunos Gobiernos Autónomos Descentralizados, GADs; como sucede, por ejemplo, con Quininde y Eloy Alfaro.

Estos cobros realizados supuestamente al amparo del Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, no respetan sus propias disposiciones que estipulan que las empresas deben estar domiciliadas o contar con establecimiento en la respectiva jurisdicción territorial, ejerciendo actividades comerciales, industriales y de servicios permanentes.

El propio COOTAD establece en el caso de patente comercial una tarifa mínima de 10 dólares y una máxima de 25 mil dólares, que se irrespeta con estos cobros excesivos, peor aún, deshonestos.

Los GADs flagrantemente incumplen con el requisito de domicilio, que en todos los casos corresponde a jurisdicciones distintas. No cabe confundirlo con una eventual redistribución comercial.

Y en el caso no consentido que hubiese lugar al cobro, tendría que hacerse en función a la proporcionalidad de activos o de dicha actividad comercial en el cantón, y no como se viene haciendo, ilegalmente, por la totalidad de la base imponible de ámbito nacional.

Incluso, la notificación a la parte afectada se ha efectuado de forma fraudulenta a través de interpuestas personas y no como prescribe la Ley ante la sede de la empresa y su representante legal.

Lo sucedido de producto de la gestión de un grupo de abogados que han promovió la idea de obtener dinero fácil, cobrando ingentes sumas por sus “diligentes” servicios. En la capital, Esmeraldas, se ha llegado a aprobar una ordenanza ad-hoc para legitimar una comisión del 20 por ciento de lo recaudado.

La Contraloría General del Estado ha dispuesto un examen especial de auditoria a la utilización de los fondos recaudados por esta vía, que solicitamos se haga extensivo al cobro de tasas excesivas derivadas de las ordenanzas de implantación de radio bases de telefonía móvil, que inconstitucionalmente asimilo el uso de espectro radio eléctrico, de competencia del gobierno central, por uso de espacio aéreo o de ocupación territorial que, en efecto, corresponde a los GADs, siendo el municipio de Atacames el propulsor de esta modalidad.

Este dinero mal habido tendrá que ser devuelto en algún momento, según sentencias de juez competente que ya se vienen dando, lo cual supondrá un problema para las nuevas autoridades a ser elegidas próximamente.

Lo sucedido perjudica gravemente la imagen de una provincia pujante, interesada en promover la atracción de inversiones privadas que generen más empleo y bienestar.

Juzguen Ustedes lo que corresponda.

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